Con los maestros
John M. Ackerman Lunes 15 de abril
de 2013 periodico La Jornada
Un nuevo
movimiento social en favor de la humanidad y contra el neoliberalismo. En México, los maestros de educación básica no ganan salarios dignos,
equivalentes a la enorme importancia de su labor social. Sus siete u ocho mil
pesos mensuales no alcanzan para mantener a sus familias e invertir el tiempo
necesario para impartir clases como desearían, y no en salones con graves
problemas de mantenimiento y con grupos sobrepoblados que muchas veces rebasan
los 30 niños. Pero en lugar de exigir el sueldo que merecen, los maestros han
decidido poner sus necesidades personales a un lado y luchar por mejorar la
calidad de la educación pública.
La
principal demanda de la Coordinadora Estatal de los Trabajadores de la
Educación de Guerrero (Ceteg) es establecer en la ley el 6 por ciento del
producto interno bruto (PIB) del Estado para la construcción, mantenimiento,
equipamiento, mobiliario, material didáctico, servicios básicos y demás
necesidades del servicio educativo. El listado no menciona salarios ni
prestaciones laborales, sino que se refiere exclusivamente al mejoramiento de
las condiciones educativas.
Esta
solicitud es perfectamente razonable y se encuentra dentro de los márgenes
internacionales en la materia. Todo México debería unirse a esta justa demanda
para que se incluya no solamente en la legislación guerrerense, sino también en
la nueva Ley General de Educación (LGE) a escala federal.
De
acuerdo con la OCDE, México sólo invierte 5.3 por ciento de su PIB en la
educación pública, y a educación primaria y secundaria sólo destina 3.3 por
ciento. De acuerdo con fuentes oficiales, muchos otros países, incluyendo
Ghana, Bolivia, Noruega, Suecia y Jamaica, dedican un porcentaje mucho mayor.
Botsuana emplea 7.8 por ciento de su PIB en la educación pública, Dinamarca 8.7
y Cuba 12.9 por ciento.
La LGE ya
incluye desde 2002 en su artículo 25 la obligación de que el Estado dedique por
lo menos 8 por ciento del PIB al gasto en educación pública y en los servicios
educativos. Sin embargo, esta disposición incluye los salarios de los maestros
y se encuentra tramposamente condicionada a las disposiciones de ingresos y
gasto público correspondientes que resulten aplicables. Además, la ley no
garantiza porcentajes específicos para entidades federativas en particular. El
resultado es que año con año se incumple la norma y estados como Guerrero caen
aún más en el abandono.
Otra
demanda clave de la Ceteg es incluir en la ley estatal la obligación de
incrementar el número de plazas de base que se asignarán a los egresados de las
normales públicas. Resulta evidente que las personas idóneas para educar a
nuestros niños son precisamente aquellas que culminen exitosamente la carrera
de maestro normalista, una formación orientada a los temas especializados en la
materia.
Los
jóvenes que generosamente opten por dedicar sus vidas a la educación primaria
merecen una oportunidad para servir a sus comunidades en lugar de ser obligados
a arriesgar sus vidas cruzando la frontera en busca de trabajo. México necesita
a sus normalistas educando y formando niños en su país, no lavando platos o
cuidando los jardines de los estadunidenses más privilegiados.
México
debe expandir, no reducir, este tipo de oportunidades laborales que
simultáneamente facilitan la movilidad social y fortalecen el desarrollo
económico. Una política como la que exige la Ceteg constituye, además, la mejor
protección contra la expansión de la delincuencia y el narcotráfico en las
comunidades más humildes del país. Un maestro es mucho más útil que un soldado
para fomentar el desarrollo social.
Todos los
jóvenes del país tendrían que tener garantizado su derecho a un empleo digno en
su materia de especialización. La coyuntura actual podría ser una oportunidad
de oro para rearticular #YoSoy132 en función de esta demanda universal. No hace
falta recurrir a autores extranjeros o a utopías exageradas para fundamentar
esta exigencia, sino solamente exigir el cumplimiento de nuestra revolucionaria
Constitución, tan despreciada por los neoliberales, que sin rodeos señala en su
artículo 123 que toda persona tiene derecho al trabajo digno y socialmente
útil.
Finalmente,
resulta una vil mentira que los maestros rechacen la evaluación. Como cualquier
profesionista, lo único que piden es que no haya despidos arbitrarios, algo que
es por lo demás un derecho constitucional, y proponen una evaluación
democrática, procesual, permanente, formativa, sistemática e integral. Los
periodistas, políticos y empresarios que hoy, de forma clasista y racista,
linchan mediáticamente a los maestros muy difícilmente aprobarían un riguroso
proceso de evaluación de esta naturaleza en sus materias respectivas.
En lugar
de dividir falsamente a los maestros entre los buenos, que dócilmente aceptan
la imposición de la depredadora lógica neoliberal, y los malos, que exigen
participar en el mejoramiento de sus escuelas, es necesario defender a los
maestros y acompañarlos en la articulación nacional de sus justas demandas en
favor del cumplimiento de la Constitución y las leyes del país.
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