Educación:
la restauración autoritaria
Luis Hernández Navarro
Como el padre autoritario que justifica
golpear a su hijo desobediente porque es para su bien, así el gobierno federal
pretende disculpar la grave afectación de los derechos del magisterio que la
reforma educativa hace en nombre del bienestar de los docentes y de la mejoría
de la educación.
Lo que está en
curso es una ofensiva autoritaria para cambiar de fondo el modelo de relación
laboral del magisterio con el Estado y avanzar en la privatización de la
enseñanza. La reforma administrativa y laboral disfrazada de educativa, el
encarcelamiento de Elba Esther Gordillo y el cambio en las reglas de juego en
la negociación de las condiciones generales de trabajo son parte del nuevo
esquema de trato.
El pasado
primero de marzo, Enrique Peña Nieto afirmó que son falaces los argumentos de
que la reforma educativa se hizo al margen y en contra los maestros, porque se
trata de un esfuerzo al lado de ellos. Sin embargo, la nueva norma establece un
régimen laboral privativo que afecta derechos consagrados de los trabajadores
de la educación y abre el camino a la privatización de la enseñanza. Se trata
de un nueva legislación acordada desde arriba, sin tomar en cuenta la opinión
de los profesores.
Apenas dos días
antes, en cadena nacional, el mandatario explicó el arresto de Elba Esther
Gordillo como una acción en defensa del patrimonio magisterial, cuando se trató
de una acción punitiva para someter la tímida resistencia de la dirigente
magisterial al establecimiento de nuevas reglas del juego entre ella y el
gobierno. No hay en la sanción nada que apunte a erradicar la corrupción
sindical ni a democratizar el SNTE.
Las
declaraciones presidenciales son un indicador de que el Ejecutivo no las tiene
todas consigo en la batalla por persuadir al magisterio nacional. A pesar de la
vasta campaña publicitaria que ha echado a caminar para convencer sobre las
bondades de la nueva norma y el apego a la ley en la encarcelación de Elba
Esther, los profesores no le creen.
El nuevo esquema
de relación laboral está contenido en la reforma constitucional aprobada y en
una forma distinta de negociar salarios y condiciones de trabajo anunciado por
Graco Ramírez. Hasta ahora, y desde la firma en 1992 del Acuerdo Nacional para
la Modernización de la Educación Básica, existía en los hechos una doble
negociación. El SNTE acordaba en un primer momento con el gobierno federal sus
demandas laborales y, luego, adicionalmente, las secciones pactaban con los
gobiernos en los estados prestaciones adicionales.
Pero eso va a
cambiar. Según el gobernador de Morelos, el presidente y los mandatarios de los
estados acordaron realizar una sola negociación del pliego petitorio anual. “El
próximo 5 de marzo –informó Graco– los mandatarios estatales se reunirán con
los secretarios de Gobernación, Educación Pública y Hacienda para definir el
esquema de negociación nacional”. Formalmente, la inmensa mayoría de los
trabajadores de educación básica del sistema público son empleados de los
estados, no de la Federación. El nuevo esquema implica en los hechos una nueva
centralización.
Los gobernadores
dispondrán de un instrumento privilegiado para disciplinar a los líderes del
SNTE en los estados, que es una Espada de Damocles sobre sus cabezas: los
expedientes financieros que documentan sus inescruplosos manejos de las cuotas
sindicales estatales, pero también de otros recursos provenientes de la
administración de los seguros de vida y grupales de los agremiados.
En lo inmediato,
este elemento disuasivo ha sido una herramienta central para frenar cualquier
expresión de inconformidad de los dirigentes institucionales del gremio ante la
reforma educativa. La instrucción precisa de Juan Díaz –el recientemente
designado presidente del SNTE– a sus subordinados, es que la nueva norma
transite. Se trata, dijo, de una modificación constitucional que avalamos. Como
advirtió el clásico: copelas o cuello.
Las nuevas
reglas del juego pueden conducir, desde la lógica del gobierno federal, a
terminar el SNTE como un sindicato nacional. Raúl Cervantes, senador priísta,
llamó a iniciar el proceso de fragmentación del sindicato. “Estoy convencido
–dijo– que debe ser una descentralización total, eso haría que no hubiera
dobles sindicatos, los estatales y el federal”.
Y, aunque por el
momento el Ejecutivo reconoce a Juan Díaz como su interlocutor, algunos
funcionarios con poder acarician la idea de impulsar como una carta de relevo a
Carlos Jonguitud Carrillo, hijo del cacique del SNTE entre 1972 y 1989, y
dirigente del fantasmal Sindicato de Trabajadores de la Educación (STE), que
afirma tener 290 mil afiliados que casi nadie conoce.
Promotor de una
cruzada para sustituir a Elba Esther Gordillo, que según él cuenta con un fondo
económico constituido con el apoyo de algunos gobernadores de los distintos
partidos políticos, Jonguitud Carrillo anuncia que hay que reconfigurar las
estructuras sindicales, hay que llamar a todas las partes y unificar los
criterios para ir en pro de esta reforma laboral que tanto beneficio le va a
dar al país.
Interrogado
sobre las reuniones que ha tenido para tratar el asunto, el hijo del Padrino
afirmó: Si he tenido reuniones no se deben ventilar, porque entonces rompo
cualquier acuerdo que yo pudiera tener, en caso de que lo tenga. Debo ser muy
cuidadoso en ese tema
Lo que se está
configurando en el sector educativo –como en todo el resto del país– es una
restauración autoritaria del priísmo. En nombre de la calidad de la enseñanza y
la defensa del patrimonio sindical, desde el poder se quieren eliminar
conquistas laborales del magisterio, desmantelar el sindicato nacional y
recuperar a los docentes al redil de la política tricolor. Sin embargo,
a pesar de que hayan disciplinado a los dirigentes institucionales, miles de
maestros de oponen a ello. Este martes, muchos de ellos lo dirán en las calles.
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